Desde la entrada en vigencia del D.S. N°661 del Ministerio de Hacienda en 2024, las pequeñas y medianas empresas que deseen participar en compras públicas deberán cumplir con estrictos estándares de integridad y cumplimiento normativo.
La publicación del Decreto Supremo N°661 marca un antes y un después en la forma en que las empresas proveedoras del Estado deben gestionar su relación con el sector público. Esta normativa establece la obligación de implementar Programas de Integridad como requisito para participar en procesos de licitación pública, elevando los estándares de transparencia y responsabilidad corporativa.
Para muchas PYMES, este nuevo escenario representa tanto un desafío como una oportunidad. Si bien implica ajustar procesos internos y adoptar políticas de cumplimiento que hasta ahora no eran exigidas, también abre la puerta a competir de manera más justa en un mercado público que busca cada vez más actores responsables y comprometidos.
En OMNIA Compliance and Legal Solutions, hemos desarrollado una solución especializada para empresas que enfrentan este nuevo requerimiento. Nuestros Programas de Integridad están diseñados específicamente para PYMES proveedoras del Estado, garantizando el cumplimiento exacto del D.S. N°661 y ayudando a fortalecer la reputación, competitividad y sostenibilidad a largo plazo de nuestros clientes.
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